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Colectivos LGTB se unen para exigir responsabilidades por la violación de la intimidad de 22 transexuales

Consideran intolerable la filtración de datos privados de pacientes del Hospital La Paz en Madrid

Fundación Triángulo, FELGTB, Cogam, ATA Andalucía y El Hombre Transexual quieren unirse a la denuncia realizada por la diputada autonómica Carla Antonelli en el diario El País del día 20 de enero de 2012 sobre la publicación en la web Religión en Libertad de una lista de 22 pacientes de la UTIG-Hospital La Paz de Madrid, indicando datos parciales de los tratamientos recibidos.

Las organizaciones manifiestan su profunda preocupación por los datos privados de los que el autor Manuel Morillo dispone, por lo que se deduce de la entrada en su blog titulada “Estas operaciones las ha pagado Esperanza Aguirre con tu dinero. Así usan tus impuestos” y que ya ha sido retirada de la web. El hecho de que en el mismo blog se diga “que los nombres no se corresponden necesariamente con la realidad para evitar la represión judicial del sistema” no evita el hecho de que el autor o autores de la entrada si parecen conocer los datos confidenciales completos, en una clara violación de la intimidad de las y los pacientes operados.

La muestra evidente de que ha existido una filtración de los expedientes supone que previsiblemente se ha producido uno o varios delitos de los contemplados en los artículos 197, 198 y 199 del Código Penal, así como una violación clara de lo dispuesto en los Art. 7, 8 y 9 la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento de seguridad, de las normas reguladoras de los derechos de los pacientes del sistema nacional de salud y de la CCAA de Madrid y del principio de confidencialidad que promueve Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.
En consecuencia las organizaciones exigen:
Que se interese la Fiscalía del Estado y abra instrucción ante la previsible comisión de un delito de revelación de secretos y vulneración de la intimidad de los Art. 197 a 199 del Código Penal.
Que la inspección de Servicio de Salud de Madrid abra una investigación y determine las posibles responsabilidades internas en la producción de esta intolerable intromisión en la intimidad de sus pacientes.
Que la agencia de protección de datos abra expediente sobre el tema y determine el grado de violación en el cumplimiento del reglamento de seguridad sobre lo datos médicos del sistema de salud de la Comunidad de Madrid y promueva las sanciones correspondientes.

FELGTB, Fundación Triángulo, COGAM, ATA y El Hombre Transexual también quieren denunciar la evidente transfobia y manipulación que destila el planteamiento del blog y las desafortunadas conclusiones a las que llegan algunos medios de prensa con motivo de la misma, como sucede con la propia noticia de El País al concluir la noticia con un apartado titulado “un sistema en entredicho”. Asistimos con indignación a una nueva culpabilización de uno de los colectivos más marginados de la sociedad española y constatamos que, lejos de suscitar una reacción de tutela y defensa de las personas afectadas, se ponen en cuestión los escasos logros alcanzados en este país para solucionar la permanente desigualdad en el acceso a la salud del colectivo de hombres y mujeres transexuales. La lucha contra esta desigualdad, que ha sido denunciada en múltiples foros nacionales e internacionales, tiene entre sus únicos logros parciales la creación de la UTIG de Madrid que ahora se pone en entredicho.

(FELGTB)

El parlamento europeo aprueba la orden de protección de víctimas

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MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
El Pleno de la Eurocámara respaldó este martes por una amplía mayoría la Orden Europea de Protección, que además de a las víctimas de violencia de género incluirá a las de homofobia, trata o acoso.
Aprobada por 610 votos a favor, 13 en contra y 56 abstenciones, la iniciativa busca asegurar que la protección que recibe una víctima en un Estado miembro se aplique en cualquier otro país de la UE al que la persona se traslade.
Este texto aún debe ser confirmado por mayoría cualificada en el Consejo de ser aprobado, los estados miembros tendrán tres años para trasponer la directiva a su legislación nacional.

El beneficiario de una “Euroorden” también podría solicitar protección para sus familiares, añade el texto, que han defendido las diputadas españolas Carmen Romero (PSOE) y Teresa Jiménez-Becerril (PP).
Según Romero, "ahora es el Consejo el que va a decidir si Europa se implica de verdad en la lucha contra la violencia y la defensa de los derechos fundamentales".

Jiménez-Becerril apuntó, por su parte, que “los ciudadanos europeos quieren vivir en un espacio de libertad, seguridad y justicia, y sentirse protegidos donde quiera que estén en Europa".
Aunque la mayoría de las medidas de protección afectan a las mujeres maltratadas, el ámbito de aplicación de la orden de protección se ampliará a todas las víctimas (niños y adultos de ambos sexos) que hayan sufrido violencia y cuyo agresor haya sido identificado.

Sólo se podrá dictar si previamente se han adoptado medidas de protección como una orden de alejamiento; la prohibición de entrar en determinados lugares que el protegido frecuenta, o la prohibición de cualquier tipo de contacto con la persona agredida, incluidos los contactos telefónicos, por correo electrónico o postal.
Según la legislación propuesta, un protegido en un Estado miembro podrá solicitar una orden europea de protección cuando resida o decida residir en otro país de la UE distinto al de origen, que sería el encargado de emitir la orden y transmitirla al nuevo Estado, ya que actualmente las medidas de protección dejan de tener efecto cuando se cruza la frontera

Dado que en los Estados miembros las medidas de protección dependen de distintas jurisdicciones (penal, civil o administrativa), las autoridades del país al que se traslada la víctima no están obligadas a aplicar en todos los casos la misma medida aprobada en el Estado que emite la orden, sino que tendrán "un margen discrecional para adoptar cualquier medida que estimen oportuna y adecuada con arreglo a su Derecho nacional.

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